La decisión de la Audiencia de empezar a deliberar sobre este asunto a partir del próximo jueves llega después de que en una providencia anterior, el tribunal cuestionara si el amparo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) a condenados por el caso ERE, como los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, era completamente compatible con el Derecho de la Unión Europea.
La Sección Primera solicitó opiniones a las partes involucradas en el proceso (Fiscalía, acusaciones del PP y Manos Limpias, y las defensas) sobre si el TC había sobrepasado sus competencias al intervenir en temas reservados a los jueces. Además, se planteó la posibilidad de remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este planteamiento por parte de la Audiencia llevó al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano podía consultar al TJUE. Para ello, solicitó que se enviara la providencia correspondiente, lo que no fue bien recibido en Sevilla.
A medida que pasaban los días, se acumulaban hasta cinco informes internos de abogados vinculados a magistrados de tendencias progresistas y conservadoras, que coincidían en que no se podía impedir al tribunal sevillano acudir a la justicia europea.
Ante esta situación, Conde-Pumpido incluyó el tema en el orden del día del pleno del TC como un «debate jurídico», sin la intención de tomar una decisión procesal inmediata. Este movimiento fue interpretado como una señal de que el TC no obstaculizaría la actuación del tribunal de Sevilla.
El último movimiento de la Audiencia, anunciado este martes, se produce después de que el pleno del TC no llegara a un acuerdo sobre si el tribunal sevillano debía presentar la cuestión prejudicial en Europa, aunque dejó el asunto «abierto» sin más detalles.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción finalmente recomendó a la Audiencia no acudir al TJUE, argumentando que podía resolver las dudas conforme al Derecho interno y que el TC no había excedido sus competencias al anular una resolución judicial.
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